El titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, enfrenta serias denuncias que comprometen su continuidad al frente del organismo fiscal.

Legisladores de la oposición han solicitado su desplazamiento, acusándolo de abuso de autoridad, conflicto de intereses y enriquecimiento ilícito.

Los diputados de la Coalición Cívica, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, presentaron una denuncia penal contra Vázquez por violar las disposiciones del Código Penal relacionadas con el incumplimiento de deberes de funcionario público.

En el escrito, señalaron que el accionar del titular de la DGI no solo contradice las normas éticas que regulan la función pública, sino que también representa un claro ejemplo de abuso de poder para beneficio personal.

El ascenso de su pareja: conflicto de intereses en la DGI

La controversia más reciente involucra el ascenso de María Eugenia Fanelli, pareja de Vázquez, a un cargo estratégico en la DGI. Apenas siete días después de asumir como jefe del organismo, Vázquez firmó la Disposición N° 182/2024, desplazando a Luciano Botto Rostom de la Dirección Regional Centro II de la Ciudad de Buenos Aires para nombrar a Fanelli.

Este cargo, que fiscaliza medianas y grandes empresas, no solo tiene relevancia estratégica, sino que también implicó para Fanelli un aumento salarial del 100%, pasando de un sueldo de entre $3,8 y $4,2 millones a entre $7 y $8 millones mensuales.

El Código de Ética de la AFIP y la Ley 25.188 prohíben explícitamente que un funcionario designe a personas con vínculos conyugales o de pareja en puestos jerárquicos bajo su supervisión.

La maniobra fue calificada como “anormal” por fuentes internas y despertó críticas de legisladores como Margarita Stolbizer y Paula Oliveto, quienes acusaron a Javier Milei de proteger a funcionarios que replican los mismos vicios de corrupción que el gobierno prometió combatir.

Los inmuebles no declarados en Miami

Además de este escándalo, Vázquez había sido denunciado anteriormente por no incluir en sus declaraciones juradas tres propiedades en Miami, valuadas en más de 2 millones de dólares.

Estas adquisiciones, realizadas mediante sociedades offshore, no fueron informadas en la Oficina Anticorrupción, lo que viola las normativas de transparencia exigidas a los funcionarios públicos. A la fecha, Vázquez todavía sería propietario de dos de estos inmuebles, valuados en más de 1,6 millones de dólares.

El silencio de Javier Milei y las críticas de la oposición

El presidente Javier Milei no se ha pronunciado sobre las acusaciones contra Vázquez, lo que ha incrementado las críticas de la oposición. Legisladores y figuras públicas cuestionaron la falta de acción del mandatario frente a estas irregularidades y remarcaron que este caso refleja una continuidad de las prácticas corruptas que se prometió erradicar.

La exigencia de transparencia y ética en la función pública

Las denuncias contra Vázquez reabren el debate sobre la importancia de la transparencia en la gestión pública y la necesidad de combatir la corrupción en todos los niveles del Estado. La situación expone un conflicto ético y legal que podría marcar un precedente en la forma de abordar los abusos de poder en el país.

Los opositores han solicitado a la justicia que investigue a fondo las acciones de Vázquez, mientras la ciudadanía observa con atención las respuestas de un gobierno que llegó al poder prometiendo un cambio radical en las prácticas políticas.

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